Desplazados Internos en Colombia
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Desplazados internos en 2015
El conflicto armado, especialmente en zonas remotas, fue la causa principal del desplazamiento interno.
El gobierno, las organizaciones internacionales y la sociedad civil identificaron varios factores causantes del desplazamiento, como las amenazas y la violencia física, psicológica y sexual por parte de grupos armados ilegales contra la población civil, en particular las mujeres y las niñas; la competencia y el enfrentamiento armado entre grupos armados ilegales, y dentro de los mismos, por los recursos y el control territorial; los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, los guerrilleros y las bandas delictivas organizadas; y el reclutamiento forzoso de menores o las amenazas de reclutamiento forzoso.
Para más información sobre los desplazados internos en Colombia, véase la entrada aquí.
Algunas ONG afirmaron que las actividades de lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y los proyectos económicos en gran escala en las zonas rurales también contribuyeron al desplazamiento.
El presupuesto del gobierno para la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 fue de 54,9 billones de pesos (US$24.400 millones) para un período de 10 años.
Al 1º de septiembre de 2015, la Unidad para las Víctimas, entidad pública encargada de ayudar y proporcionar resarcimiento en virtud de la Ley de Víctimas, enumeró 5.897.435 desplazados internos en el Registro Único de Víctimas. De éstas, 41.093 se debieron a desplazamientos que ocurrieron durante el año.
Las estadísticas de la Unidad para las Víctimas revelaron que los nuevos desplazamientos
sucedieron durante el año principalmente en zonas donde persistió el cultivo y el narcotráfico,
especialmente donde había grupos guerrilleros y bandas delictivas organizadas.
Al 1º de septiembre, el gobierno había inscrito a un total acumulado de 5.897.435 millones de desplazados desde 1985 (incluso los desplazados en los años anteriores al establecimiento del sistema de registro). Una orden judicial de 2008 exige al gobierno incluir los desplazamientos de todos los años anteriores en el registro nacional de desplazados.
El registro nacional del gobierno incluyó a desplazados internos registrados cuyas solicitudes de reconocimiento como tales habían sido aceptadas según los criterios definidos.
La Unidad para las Víctimas mantuvo un Registro Único de Víctimas tal como lo ordenala Ley de Víctimas. Pes e a las mejoras en el sistema de registro del gobierno, hubo retrasos en las respuestas que recibieron los desplazados internos a sus reclamaciones de desplazamiento debido a la gran acumulación de solicitudes que se produjo en el transcurso de varios meses.
Las organizaciones internacionales y las ONG siguieron preocupadas por la lenta e insuficiente
respuesta institucional al desplazamiento.
La política del gobierno prevé un proceso de apelación en caso de denegaciones.
Las FARC, el ELN y las bandas delictivas organizadas siguieron recurriendo a la fuerza, la intimidación y la desinformación para que los desplazados no se inscribieran con el gobierno.
A veces, los agentes de la guerrilla obligaron a los líderes locales y miembros de la comunidad a manifestarse contra las iniciativas de erradicación de cultivos ilícitos y, en algunos casos, obligaron a las comunidades a desplazarse como forma de protesta coaccionada contra la erradicación. Las organizaciones internacionales y la sociedad civil expresaron su preocupación por el desplazamiento urbano causado por la violencia derivada de disputas territoriales entre bandas de delincuentes, algunas de las cuales estaban vinculadas a grupos más grandes de delincuentes y narcotraficantes.
La Unidad para las Víctimas citó amenazas, reclutamiento por grupos armados ilegales, homicidios y violencia física y sexual como causas principales del desplazamiento intraurbano.
Al 1º de septiembre, el gobierno registró 134.645 desplazados internos (incluidos los desplazados antes de 2014) que se identificaron a sí mismos como indígenas y 625.849 que se identificaron a sí mismos como afrocolombianos. Los indígenas constituyeron el 5% de los nuevos desplazados internos registrados por el gobierno y los afrocolombianos el 33%. El CICR y el ACNUR informaron que en algunosdepartamentos el desplazamiento afectó de forma desproporcionada a los grupos indígenas y afrocolombianos.
La Organización Nacional Indígena de Colombia calculó que el número de desplazados indígenas era mucho mayor de lo indicado en los informes del gobierno, ya que muchos indígenas no tenían acceso adecuado a los lugares de inscripción debido a la lejanía geográfica, las barreras del idioma o la falta de conocimiento del sistema nacional de registro.
La ONG local Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) afirmó que las amenazas y la violencia contra los líderes y las comunidades afrocolombianas siguieron siendo el motivo de los altos niveles de desplazamiento forzado, especialmente en la región de la Costa del Pacífico.
La AFRODES y otras ONG locales también expresaron reiteradamente su preocupación de que los proyectos económicos en gran escala, como la agricultura y la minería, habían contribuido al desplazamiento de sus comunidades.
El gobierno, las organizaciones internacionales de asistencia humanitaria y los grupos de la sociedad civil observaron que continuaron los desplazamientos internos y de refugiados.
La ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) informó que 15.210 personas fueron desplazadas en desplazamientos masivos (desplazamiento de 50 o más personas) hasta fines de junio e indicó que los departamentos con el mayor número de desplazados internos debido a desplazamientos masivos durante el año fueron Chocó (9.010), Cauca (1.926), Nariño (1.623), Valle del Cauca (1.284) y Norte de Santander (748). La CODHES también informó que, hasta fines de junio, un reclamante de los derechos sobre la tierra y dos empleados de la unidad de restitución de tierras fueron asesinados, tres líderes de los derechos sobre la tierra fueron amenazados y un miembro de una organización de acompañamiento de derechos sobre la tierra fue amenazado.
En abril de 2015, Jesús Adán Quinto, un líder de la causa de restitución de tierras en la región de Urabá, que había recibido amenazas de muerte y era beneficiario de las medidas de seguridad establecidas por la Unidad Nacional de Protección, fue asesinado cerca de su casa cuando se dirigía a pie a una tienda del barrio sin la protección de sus guardaespaldas, que se encontraban en otra parte cuando este decidió salir de su casa solo.
La Procuraduría General regional de Tumaco siguió investigando el homicidio en
2012 de Miller Angulo, activista afrocolombiano que era líder de la AFRODES y
líder en el proceso de reivindicación de tierras de la comunidad, en Tumaco,
Departamento de Nariño.
Más de 50 organismos gubernamentales están a cargo de ayudar a los desplazados internos registrados en virtud de la Ley de Víctimas.
La Unidad para las Víctimas presupuestó cerca de 345.000 millones de pesos (aproximadamente US$153 millones) para la asistencia directa a los desplazados internos durante el año.
Las organizaciones internacionales y las ONG sostuvieron que necesitaba mejorarse la calidad de los programas de ayuda de emergencia, vivienda y generación de ingresos.
La capacidad de respuesta de emergencia a nivel local seguía siendo deficiente, y los desplazados internos continuaron experimentando períodos prolongados de vulnerabilidad en
espera de ayuda. Una unidad especializada de la Procuraduría General, establecida mediante un acuerdo con el departamento social anterior del gobierno, Acción Social (que fue reemplazado por el DPS), la Procuraduría General y la PNC investigaron y enjuiciaron los casos de desplazamiento forzado y desapariciones.
Varias organizaciones internacionales, ONG internacionales y grupos nacionales sin fines de lucro, tales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos, el CICR y la Cruz Roja Colombiana coordinaron con el gobierno para proporcionar ayuda de emergencia y asistencia a largo plazo a las poblaciones desplazadas.
La Unidad para las Víctimas y otras dependencias del gobierno mejoraron la respuesta a episodios de desplazamiento masivo durante el año y recibieron la asistencia de organizaciones internacionales como el CICR. Las organizaciones internacionales y la sociedad civil informaron que la falta persistente de capacidad local para aceptar registros en las áreas de alto desplazamiento a menudo retrasó durante varias semanas o meses la asistencia destinada a los desplazados de forma individual o en grupos más pequeños.
Las organizaciones humanitarias atribuyeron las demoras a una serie de razones, como falta de personal, fondos, formularios de declaración y capacitación. Los intensos combates y la inseguridad en las zonas de conflicto, como en algunos lugares de los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño, a veces retrasaban la ayuda de las organizaciones nacionales e internacionales a las poblaciones recién desplazadas.
A pesar de que el gobierno emprendió varias iniciativas para mejorar el acceso de los desp
lazados internos a los servicios y a la concienciación de sus derechos, en muchas partes del país, las municipalidades no tenían los recursos ni la capacidad para responder a nuevos desplazamientos y proporcionar ayuda humanitaria a los desplazados internos. Muchos de ellos siguieron viviendo en la pobreza en condiciones no sanitarias y con acceso limitado a la atención de la salud, la educación y el empleo.
Debido al conflicto armado interno, los desplazados también procuraron obtener protección internacional. El ACNUR afirmó en su informe Global Trends de 2013 que Colombia era el país de origen de 397.300 refugiados y de personas en situación parecida a la de los refugiados, la mayoría en Ecuador, Venezuela, Costa Rica y Panamá. El ACNUR también informó que unos 1.000 colombianos cruzaban la frontera con Ecuador cada mes. Los gobiernos de Colombia y Ecuador continuaron reuniéndose durante el año para tratar la situación de los refugiados colombianos en Ecuador y el gobierno colombiano ofreció un programa para asistir a los refugiados colombianos en Ecuador que regresaron a Colombia.