Proceso de Paz
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Acompañamiento del Proceso de Paz por Parte de la Oea en relación con Proyecto de ley estatutaria y procesos de paz: el problema de las violaciones masivas de derechos humanos
El proceso de paz o de acercamiento del Estado con los grupos de autodefensa ha sido acompañado por la Organización de Estados Americanos. En algún momento se generó una especie de diferencia entre las Naciones Unidas y la OEA, que pudo ser saldada rápidamente. El hecho de que un ex presidente de Colombia fuese todavía, al momento de los acercamientos, secretario general de la OEA, incidió mucho en la decisión de acompañamiento. Desde finales del año 2003, la persona encargada para la tarea por parte del sistema de la OEA es el argentino Sergio Caramagna. la experiencia en Centroamérica en procesos de acercamiento con grupos paramilitares fue decisiva para su elección en función del apoyo a los diálogos en Colombia. El señor Caramagna insistió desde un principio en la concentración de los miembros del grupo irregular en un territorio específico con el propósito de hacer más viable el trabajo con ellos, al mismo tiempo en que en ese territorio deberían quedar suspendidas las órdenes de captura para los jefes de la organización. [1]
Estatuto de Roma y Procesos de Paz: Reflexiones Alrededor del “proyecto de Alternatividad Penal” en el Caso Colombiano
Estatuto de Roma y Procesos de Paz: Reflexiones Alrededor del “proyecto de Alternatividad Penal” en el Caso Colombiano incluye las siguientes cuestiones examinadas en la presente enciclopedia jurídica:
- El juez y el historiador: construcción de dos verdades diferentes
- la decisión sobre la verdad: consensos alrededor de responsabilidades más amplias
- Comisiones de verdad y reconciliación
- Hacia el futuro: ¿Son posibles hoy procesos de paz sin impunidad generalizada?
- Estructura general del proyecto de “alternatividad penal”
- Definiciones de víctima y reparación: blanco de la crítica internacional
- la lógica del beneficio penal: la suspensión condicional de la pena
- Estado, sociedad y actores armados: ¿un desequilibrio estructural?
- la ingerencia del Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial: una práctica tradicional
- Duración del beneficio penal
- Alternatividad o impunidad: equilibrios políticos frente a una gran disyuntiva
El fallido acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC
Nota: fallido en el sentido de que los colombianos votaron en contra del acuerdo de paz definitivo.
Las negociaciones
El 24 de agosto de 2016 los delegados del Gobierno colombiano y las FARC dieron fin a más de cuatro años de negociaciones al aprobar en La Habana (Cuba) el acuerdo final, integral y definitivo sobre la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en el país. Ese día, Colombia logró pasar una de las páginas más trágicas y duras de su historia reciente, al poner fin a los 52 años de guerra entre el Gobierno y la guerrilla colombiana.
El acuerdo final recogía todos los acuerdos suscritos en La Habana durante el proceso de diálogo, correspondientes a los seis puntos de negociación establecidos en la agenda del acuerdo general que el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC firmaron el 26 de agosto de 2012:
Desarrollo agrario integral
Participación política
Fin del conflicto
Drogas ilícitas
Víctimas
Implementación, verificación y refrendación
Cuba y Noruega asumieron el papel de países garantes del proceso de paz, a los que se sumaron como países acompañantes Venezuela y Chile.
Desarrollo agrario integral
En mayo de 2013 se logró el primer acuerdo de la agenda de negociación, sobre tierras y desarrollo rural. Dicho acuerdo busca sentar las bases para la transformación del campo, crear condiciones de bienestar para la población rural y, así, contribuir a la no repetición del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.
La reforma rural integral pretende integrar las regiones, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, fomentar la producción agrícola, proteger el medio ambiente y asegurar progresivamente el derecho a la alimentación de todos los colombianos. Aunque cobija a la totalidad de las zonas rurales del país, su ejecución priorizará las áreas de mayor grado de afectación del conflicto, mayores índices de pobreza, debilidad institucional y presencia de los cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales.
Participación política
En noviembre de 2013 la mesa negociadora logró el segundo acuerdo en La Habana, en este caso sobre el punto de participación política y la necesidad de una apertura democrática del país para construir y consolidar la paz. Las FARC se comprometen a abandonar las armas y la violencia como método de acción política a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y, de esa manera, abrir nuevos espacios para la participación.
El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal podrá empezar a participar en los procesos electorales de 2018 y 2022. Si durante estos dos períodos no alcanza una representación de cinco senadores y cinco diputados, el acuerdo garantiza ese número de escaños para asegurar su representación, siempre y cuando presenten listas al Congreso y al Senado. Si obtienen cinco escaños o más, no se les dará ningún curul adicional.
Fin del conflicto
En junio de 2016, los negociadores de paz lograron un histórico acuerdo que representaba el fin de las acciones ofensivas entre el Gobierno y las FARC, ya que ambas partes se comprometieron a no realizar ningún acto hostil a la contraparte ni a la población civil de forma definitiva. Su cumplimiento permite crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y preparar las instituciones y el país para la reincorporación de las FARC a la vida civil.
La reincorporación a la vida civil ratifica el compromiso de las FARC de convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición del conflicto y a transformar las condiciones que facilitaron la persistencia de la violencia en el territorio. Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que ayuden a la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad, se acuerdan medidas relacionadas con la atención a los derechos de los excombatientes de las FARC (salud, acompañamiento psicosocial, educación, reunificación de núcleos familiares…) y apoyos económicos.
Además, este acuerdo también busca brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional, así como luchar contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, incluyendo las organizaciones criminales denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y perseguir las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.
Drogas ilícitas
En mayo de 2014 el Gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo sobre narcotráfico y cultivos ilícitos, según el cual, para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva la problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas. Para ello, se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno de consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública.
Víctimas
Desde el inicio de las negociaciones se acordó que el resarcimiento de las víctimas estaría en el centro de cualquier acuerdo final. En diciembre de 2015 los equipos de negociadores del Gobierno y las FARC alcanzaron un acuerdo sobre las víctimas del conflicto, cuya prioridad es garantizar sus derechos, para que conozcan la verdad sobre qué pasó con sus seres queridos y sean reparadas, mientras que los responsables son investigados y sancionados por una justicia transicional.
Ambas partes de las mesa negociadora acordaron la creación de un tribunal que juzgará los delitos cometidos en el conflicto armado y que quienes hayan cometido los crímenes más graves sean sancionados: si reconocen su responsabilidad, recibirán penas de 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad; si no reconocen su responsabilidad, serán condenados hasta con 20 años de cárcel, y si cuentan la verdad, reparan a sus víctimas y no vuelven a delinquir, obtendrán penas reducidas. Los agentes del Estado que hayan cometido algún delito relacionado con el conflicto recibirán los mismos beneficios si cumplen con los compromisos de verdad, reparación y no repetición.
Las FARC se comprometieron a reparar a sus víctimas de forma material y mediante trabajos y obras de reconstrucción que beneficien a las comunidades afectadas por el conflicto. Los bienes que no sean entregados para la reparación quedarán sujetos a la extinción de dominio. Además, como parte de su sanción, participarán en acciones de reparación como la reconstrucción de infraestructuras, el desminado humanitario, la búsqueda de desaparecidos y la sustitución de cultivos ilícitos. Solo de esta forma accederán a beneficios judiciales.
Implementación, verificación y refrendación
La mesa negociadora acordó la creación de una comisión integrada por representantes del Gobierno de Colombia y de las FARC con el fin verificar el cumplimiento del acuerdo, servir de instancia para la resolución de diferencias e impulsar y seguir la implementación legislativa.
Asimismo, se pactó la creación de un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del acuerdo final.
Cualquiera que no entrara en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad o cometiera un delito después de la firma sería perseguido por las autoridades y castigado por la justicia ordinaria.
El plebiscito
El 30 de agosto de 2016 el presidente colombiano Juan Manuel Santos firmó el decreto por el cual se convocó el plebiscito sobre el acuerdo de paz definitivo firmado entre el Gobierno y las FARC, y se definió la pregunta que debían responder los colombianos el 2 de octubre de 2016: «¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?».
Impredeciblemente, el 50,2 % de los colombianos votó en contra del acuerdo de paz, frente a un 49,7 % que se decantó por el «sí», situando en la incertidumbre el proceso de paz. El ajustado resultado del referéndum, menos del 0,5 % de diferencia, puso de manifiesto la polarización que existe en Colombia.
La alta abstención, de más del 60 %, fue uno de los motivos determinantes en el resultado del referéndum, pero no el único. El rechazo de muchos colombianos a que los líderes guerrilleros pudieran participar en política y a que no pagaran cárcel si reconocían sus crímenes fueron los argumentos utilizados durante el mes de campaña del plebiscito por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, máximo abanderado del «no» al acuerdo entre el Gobierno y las FARC.
Amnistia
En diciembre de 2016, el Congreso de Colombia aprobó la ley de amnistía para las FARC, que concedía el perdón jurídico a aquellos guerrilleros que no hubiesen cometido delitos graves. Además, la ley contemplaba un tratamiento especial para los agentes del Estado que hubieran cometido crímenes durante el conflicto armado.
Autor: Cambó
Recursos
Notas y Referencias
- Alejandro Aponte, Temas Actuales del Derecho Internacional Penal, Konrad-Adenauer-Stiftung E. V, reproducción autorizada
PENAL INTERNACIONAL