Corrupción en Colombia
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Concepto de Corrupción
Una definición sucinta de Corrupción puede ser la siguiente: Funcionario público, es imputado a actuar en modo distinto de los estándares normativos del sistema, para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa.
Corrupción y falta de transparencia en el gobierno en el 2015
La ley prevé sanciones penales por corrupción oficial y el gobierno generalmente aplicó estas leyes eficazmente en 2015; sin embargo, los funcionarios a veces incurrieron en prácticas corruptas con impunidad.
Los indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial señalaron que la corrupción en el gobierno eraun problema grave. Los ingresos provenientes del narcotráfico agravaron la
corrupción.
Corrupción
En febrero, la revista Semana dio a conocer información sobre un escándalo de corrupción en el que presuntamente participaron varios miembros del Ejército, entre ellos generales, coroneles y tenientes coroneles. El artículo citaba horas de grabaciones de audio que supuestamente implicaban a los oficiales en irregularidades de contratación y sobornos de hasta el 50% por los contratospúblicos, entre ellos los oficiales que ya estaban siendo investigados por su participación en casos de homicidios extrajudiciales. Además de la investigación penal iniciada por la Comisión de Acusaciones del Congreso, con la participación
de los fiscales delegados, la Oficina del Inspector General informó el inicio de una
investigación disciplinaria que estaba en su etapa inicial a fines de agosto.
Siguió la investigación del homicidio en marzo de 2013 de un concejal de la ciudad en Buenaventura, Stalin Ortiz, probablemente debido a sus esfuerzos para dejar al descubierto la corrupción en el Hospital Luis Ablanque de la Plata y una red de atención a la salud afiliada al mismo, como la contratación indebida de los hermanos del alcalde y presunto lavado de dinero por organizaciones delictivas para traficar en drogas y armas.
Al mes de octubre de 2015, Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá, acusado en 2011 de no cumplir con su deber público y de irregularidades de tipo contractual, seguía detenido mientras
su juicio continuaba.
Una unidad especial de investigación de la Corte Suprema de Justicia, que examinó a miembros del Congreso y a funcionarios públicos de alto nivel, informó que desde enero hasta el 18 de septiembre, había obtenido cinco condenas contra exsenadores y exmiembros del Congreso e inició nuevas investigaciones que implicaban a seis exsenadores y exmiembros del Congreso. Al 18 de septiembre de 2015, la unidad no había iniciado ninguna nueva investigación de gobernadores actuales ni exgobernadores, pero obtuvo la condena de un exgobernador por un caso abierto en otro año.
La Procuraduría General investigó a inspectores, contralores y otros altos funcionarios acusados de corrupción y otras irregularidades.
El órgano público principal para formular y aplicar políticas contra la corrupción es el Programa Presidencial para la Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, dirigido por el zar anticorrupción.
La institución gubernamental principal que investiga y procesa los casos de corrupción es la
Procuraduría General, pero el Congreso desempeña una función de investigación en los casos en que están involucrados funcionarios públicos de alto nivel.
El Ministerio de Defensa continuó la campaña “Línea de Honor” puesta en marcha en 2012 para fomentar las denuncias de corrupción por miembros de las fuerzas de seguridad y la fuerza laboral civil. El gobierno también continuó con su Programa Presidencial para la Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Divulgación de información financiera
Por ley, los funcionarios públicos deben presentar anualmente formularios de información financiera ante las autoridades fiscales. La información no se hace pública. La ley estipula que las personas que tengan la intención de ocupar un cargo público o de trabajar como contratistas del Estado por más de tres meses deben presentar una declaración de bienes e ingresos, así como información sobre su actividad económica privada. Los funcionarios
públicos deben actualizar anualmente esta información antes del último día del mes de febrero, pero no necesitan presentar periódicamente los cambios en sus tenencias durante el año ni cuando asumen o dejan el cargo.
La ley no cuenta con ninguna disposición sobre activos e ingresos de cónyuges y menores dependientes.
El Departamento Administrativo de la Función Pública está a cargo de preparar los formularios necesarios, y el jefe de recursos humanos en cada entidad es responsable de verificar la información presentada. El Congreso mantuvo un sitio web en el que los miembros del Congreso podían publicar voluntariamente su información financiera.
Acceso público a información
La ley prevé el acceso público a la información gubernamental, y el Gobierno generalmente proporcionó este acceso.
Si bien no se cobran tarifas prohibitivas para obtener acceso a la información gubernamental, hubo denuncias de que algunos funcionarios de bajo nivel insistieron en sobornos para agilizar el acceso a la información. La ley delinea el procedimiento para acceder a la información y señala una breve lista de excepciones, como los casos relacionados con la seguridad nacional, asuntos internacionales, procesos penales y la privacidad de funcionarios públicos y privados.
La ley estipula que las entidades públicas deben dar información de manera proactiva y en un plazo razonablemente breve y les permite usar diversas es trategias y canales de comunicación.
Incluye sanciones por incumplimiento y mecanismos para apelar la negativa a revelar información.
El Ministerio Público, conformado por la Oficina del Inspector General, la Defensoría de los Derechos Humanos y las oficinas municipales para la defensa de los derechos humanos (personerías), tiene a su cargo garantizar el cumplimiento efectivo de esta ley.