Asuntos Jurídicos sobre Indígenas en Colombia
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Discriminación hacia los Pueblos indígenas en 2015
La constitución y las leyes reconocen especialmente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, que componen aproximadamente el 3,4% de la población, y exigen que el gobierno consulte previamente con los grupos indígenas sobre las medidas gubernamentales que pudieran afectarlos.
La ley concede a los grupos indígenas derechos a perpetuidad sobre sus tierras ancestrales, pero la demarcación de esas tierras fue, con frecuencia, motivo de disputas entre los grupos indígenas, terratenientes vecinos y el gobierno.
Las autoridades indígenas tradicionales operaron 722 reservas, lo que representa aproximadamente el 28% del territorio nacional, con funcionarios seleccionados de acuerdo con las tradiciones indígenas.
Sin embargo, muchas comunidades indígenas no tenían títulos legales de las tierras que reclamaban, y los grupos armados ilegales a menudo impugnaban violentamente la propiedad de las tierras reclamadas por los indígenas y reclutaban a niños indígenas para que se unieran a sus filas.
La ley establece jurisdicciones penales y civiles especiales en los territorios indígenas según leyes tradicionales de la comunidad. Los procedimientos legales en estas jurisdicciones fueron objeto de manipulación y, a menudo, se dictaron astigos más indulgentes que los impuestos por los tribunales civiles ordinarios. Algunos grupos indígenas continuaron argumentando que no podían participar adecuadamente en las decisiones que afectaban a sus tierras.
Los líderes indígenas se quejaron de la presencia ocasional de las fuerzas de seguridad
del gobierno en las reservas indígenas, y pidieron que el gobierno consultara con las autoridades indígenas antes de realizar acciones militares contra los grupos armados ilegales
que operaban en estas zonas o a su alrededor, así como antes de construir
carreteras u otras obras públicas en sus tierras o proximidades.
La constitución colombiana dispone este mecanismo de “consulta previa” para las comunidades indígenas, pero no exige que el gobierno obtenga el consentimiento de esas comunidades en todos los casos.
El Gobierno afirmó que, por razones de seguridad, no podía dar aviso previo de la
mayoría de las operaciones militares, especialmente cuando buscaban a combatientes enemigos, y añadió que, en lo posible, había consultado con los líderes indígenas antes de entrar en las tierras pertenecientes a las comunidades.
La ley colombiana permite la presencia de fuerzas de seguridad del gobierno en las tierras
indígenas, pero las directivas del Ministerio de Defensa ordenan a las fuerzas de seguridad respetar la integridad de las comunidades indígenas, en particular durante operaciones militares y policiales.
A pesar de las protecciones legales especiales y de los programas de asistencia del
gobierno, los pueblos indígenas siguieron sufriendo discriminación y a menudo
vivían en las márgenes de la sociedad.
Los pueblos indígenas eran la población más pobre del país y tenían los mayores índices de mortalidad por edad. Las mujeres indígenas sufrían una triple discriminación por motivos de sexo, origen étnico y precaria situación económica. Al 31 de julio, la Procuraduría General
reportó 30 investigaciones activas de miembros de las fuerzas armadas y tres investigaciones activas de miembros de la PNC acusados de infringir los derechos, la cultura o las costumbres de grupos indígenas.
La CINEP estaba preocupada por la seguridad de los indígenas que protestaban debido al aparente uso desproporcionado de violencia contra ellos por parte de las fuerzas de seguridad y dos amenazas de muerte por grupos de delincuencia organizada en contra de ciertos líderes.
Los asesinatos de miembros y líderes de grupos indígenas continuaron siendo unproblema. La ONG Organización Nacional Indígena de Colombia registró 11 homicidios de indígenas desde enero hasta el 15 de octubre de 2015.
El 21 de febrero, en Jambaló, departamento del Cauca, un grupo de indígenas
pertenecientes a la Asociación de Jefes del Norte del Cauca informó que rebeldes
de las FARC los habían atacado. La asociación informó que tres miembros de su
comunidad resultaron lesionados en el ataque.
La Procuraduría General continuó, en 2015, su investigación de la muerte de los miembros
de la comunidad indígena Zenú Adalberto Murillo Teherán y Luis Carlos Padilla
López.
Los derechos de los indígenas
Un paso fundamental para el reconocimiento y aceptación de los derechos particulares de las comunidades indígenas lo dio la organización indígena nacional cuando, a partir de la Constituyente de 1991, en la nueva Carta Política del país, se reconoció la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, se obligó al Estado y a las personas a proteger las riquezas culturales de la Nación, se aceptó que las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios y se estipuló que la enseñanza que se imparte en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Todo ello implica que las tierras comunales de grupos étnicos y las de los resguardos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y los integrantes de los grupos étnicos obtuvieron el derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural, con lo que los indígenas han aumentado considerablemente su participación política, con derecho a elegir senadores y representantes por suscripción especial y a participar con listas propias en los debates electorales. Sin embargo, todavía falta mucho para que las autoridades locales y regionales cumplan a cabalidad con los mandatos de la Constitución.
Las reivindicaciones obtenidas por los indígenas han sido producto de una larga lucha. En el siglo XX, el gran pionero fue Manuel Quintín Lame (1880-1967), quien desde 1914 y hasta su muerte asumió la defensa de su gente, primero en el Cauca, hasta 1921, y luego en el sur del Tolima. Lucha que continuó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), donde fueron importantes Trino Morales y José Gregorio Palechor, y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), creada en 1982, y que en los últimos tiempos ha tenido protagonistas importantes como los senadores Lorenzo Muelas Hurtado y Francisco Rojas Birry, que obtuvieron sendos escaños en la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez lograda la circunscripción especial, han descollado en el parlamento los senadores indígenas Anatolio Quirá Guauña, Gabriel Muyuy Jacanamijoy y Floro Tunubalá Paja. En las últimas legislaturas, además de Muelas y Rojas, hay que mencionar a Jesús Enrique Piñacué, que en el debate electoral de marzo de 1998 obtuvo una votación de más de 60.000 sufragios.
Autor: Cambó