Libertades Individuales en Colombia
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Concepto de Libertades Individuales
Una definición sucinta de Libertades Individuales puede ser la siguiente: Facultades reconocidas al individuo en todo Estado de derecho, para el desenvolvimiento de su personalidad entre las que se cuentan las de comercio e industria, la de trabajo, la de opinión, la de enseñanza, la de religión.
Derechos Humanos: Respeto de las Libertades Civiles en 2015
Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:
Libertad de expresión y de prensa
La ley dispone la libertad de expresión y de prensa y, en general, el gobierno respetó esos derechos.
La violencia y el acoso, así como la penalización de la difamación, impidieron la libertad de prensa y a menudo el gobierno influyó en la prensa, en parte por medio de sus considerables
presupuestos de publicidad.
Los medios de información independientes desarrollaron una intensa actividad y expresaron una amplia variedad de opiniones sin restricciones.
Violencia y acoso
De acuerdo con la ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), hasta el 20 de agosto, hubo 98 incidentes de violencia y acoso contra periodistas, aun cuando la FLIP observó que, en las zonas más peligrosas, muchos incidentes podrían no haber sido denunciados.
La FLIP denunció 37 incidentes de amenazas, algunas de las cuales fueron dirigidas contra más de un periodista a la vez. También indicó que seis periodistas fueron detenidos, 30 sufrieron agresión física y 45 fueron víctimas de acoso o intimidación debido a sus reportajes. La Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General estaba investigando 36 casos activos de delitos contra periodistas y al 31 de julio había obtenido 14 condenas de 40 personas por esos delitos.
Según la FLIP, durante los primeros ocho meses del año, dos periodistas fueron asesinados, (uno en Buenaventura en febrero y otro en Tarazá, Antioquia, en agosto), pero la organización señaló que no había podido determinar si los asesinatos estaban relacionados
con el trabajo de los periodistas.
El 19 de febrero, en Buenaventura, Valle del Cauca, dos hombres desconocidos
mataron a tiros a Yonni Caicedo, camarógrafo de televisión que trabajaba con las
estaciones de TV Noticias y Más Noticias. Caicedo supuestamente había sido
amenazado varias veces antes de su muerte.
Continuaron las investigaciones del presunto homicidio en 2013 del abogado y
locutor de radio Edison Alberto Molina. La FLIP afirmó que Molina había sido
asesinado por su periodismo de investigación de casos de corrupción relacionados
con la alcaldía local.
También continuaron las investigaciones del ataque en 2013 contra Ricardo Calderón, destacado periodista e investigador en jefe de la revista Semana, la principal publicación semanal de noticias del país. Al 31 de julio de 2015, el caso seguía en la etapa preliminar.
Al mes de septiembre de 2015, la FLIP informó que las autoridades llevaron a tres personas
a juicio en casos destacados relacionados con la violencia contra periodistas, incluido el caso en que Hugo Daney Ortiz García y Jorge Armando Rubiano Jiménez, ambos exempleados de la agencia de inteligencia DAS ya desaparecida, fueron acusados de amenazar y acosar a la periodista Claudia Julieta Duque.
El Ministerio del Interior asignó el 2,5% de su presupuesto anual (aproximadamente 7.500 millones de pesos o US$3,3 millones) a la protección de periodistas que habían sido amenazados. Hasta fines de julio se habían añadido por lo menos 20 periodistas al programa de protección.
Censura o restricción del contenido
El gobierno no censuró a los periodistas; sin embargo, de acuerdo con la FLIP, muchos periodistas evitaban hablar o investigar ciertos temas por temor a una demanda en el marco de las leyes contra la difamación o a ser blanco de un ataque. En el caso del periodista Luis Agustín González, que publicó un artículo contra la exgobernadora de Cundinamarca Leonor Serrano de Camargo, la acusación de difamación dio lugar a su encarcelamiento antes de que la sentencia fuera anulada por la CorteConstitucional. La FLIP añadió que, si bien la violencia no estatal fue la razón principal de la autocensura, otro factor fue el alto grado de impunidad de los autores de agresiones contra periodistas.
Leyes sobre injuria/seguridad nacional
Las leyes contra la calumnia o la injuria se incluyen en el código penal de Colombia.
No existe una legislación específica para la calumnia contra funcionarios públicos.
El gobierno no usó el enjuiciamiento según estas leyes para evitar que los medios de información criticasen las políticas del gobierno o a los funcionarios públicos. Sin embargo, los candidatos políticos, empresarios y otros demandaron a periodistas por expresan sus opiniones, alegando que se trataba de difamación o calumnia. La FLIP señaló que si bien durante el año hubo dos nuevos casos de periodistas encarcelados por difamación o
calumnia, al mes de agosto todavía quedaban pendientes 12 casos de periodistas demandados por difamación o calumnia.
Repercusión no gubernamental
Miembros de los grupos armados ilegales procuraron, en 2015, inhibir la libertad de expresión mediante la intimidación, las amenazas, el secuestro y el homicidio de periodistas.
Las ONG nacionales e internacionales informaron que los representantes de los medios de información locales practicaban regularmente la autocensura a causa de las amenazas de violencia por parte de estos grupos.
Los juicios de dos supuestos miembros de grupos paramilitares -Jesús Emiro Pereira (alias Hue
voepisca) y Alejandro Cárdenas (alias JJ) – que fueron acusados del secuestro, tortura y violación con agravante en 2000 de la periodista Jineth Bedoya continuaba a fines de año, al igual que el caso contra Mario Jaime Mejía, otro de los hombres a los que ella acusó. Bedoya solicitó en 2012 la transferencia de su causa a la unidad especial de la Procuraduría General a cargo de los delitos contra la libertad personal para que se diera prioridad al procesamiento, pero al
finalizar el año el gobierno no confirmó si esto había ocurrido. El caso de Bedoya también continuó en la CIDH.
Libertad de acceso a internet
El gobierno no restringió ni interrumpió el acceso a internet ni censuró los contenidos en línea, y no hubo informes creíbles de que el gobierno vigilara las comunicaciones en línea privadas sin la autorización legal correspondiente. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que en 2012 el 49% de la población tuvo acceso a internet.
Libertad académica y actos culturales
No hubo restricciones gubernamentales a la libertad académica ni a los actos culturales. Sin embargo, los guerrilleros mantuvieron su presencia en muchas universidades para generar apoyo político para sus respectivas causas y socavar el apoyo a sus enemigos a través de medios violentos y no violentos.
En mayo, las FARC marcaron su 50º aniversario y según se informa organizaron manifestaciones en varias universidades públicas, entre ellas la Universidad Nacional en Bogotá, la Universidad de Nariño y la Universidad del Atlántico y
dejaron panfletos pro FARC y demás propaganda y mensajes de grafiti también pro FARC en los edificios de la universidad.
Durante una de esas protestas, tres estudiantes de la Universidad del Atlántico en Barranquilla murieron mientras estaban presuntamente manipulando pequeños explosivos utilizados en las protestas.
Las bandas delictivas organizadas y los guerrilleros de las FARC y el ELN mataron, amenazaron y desplazaron a docentes y a sus familias por razones políticas y financieras, a menudo porque los docentes representaban la única presencia del gobierno en las zonas remotas donde ocurrieron los homicidios.
Según la Federación Colombiana de Educadores, seis docentes fueron asesinados al mes de agosto. A raíz de las amenazas y el acoso, muchos docentes y estudiantes adoptaron una posición menos prominente y evitaron debatir temas polémicos.
El 18 de agosto, Carmelo Gutiérrez, profesor de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander en Galapa, Atlántico, fue asesinado en su casa. Gutiérrez recibió tres disparos por un presunto asesino a sueldo.
Los vecinos dijeron que antes de su muerte había estado trabajando para organizar un comité de vigilancia de la vecindad y disuadir a los jóvenes de involucrarse en las drogas ilegales.
La Procuraduría General siguió investigando el homicidio de 2013 de Manuel Ruiz Tovar, docente del Centro Educativo Rural Las Victorias en la zona de El Cedro, en Nechí, Antioquia.
Libertad de reunión y de asociación pacíficas
La ley estipula las libertades de reunión y de asociación y, en general, el gobierno respetó estos derechos. La libertad de asociación fue limitada por las amenazas y los actos de violencia cometidos por grupos armados ilegales en contra de las ONG, grupos indígenas y sindicatos de trabajadores (véase la entrada sobre integridad personal). Hubo informes de que la policía antimotines hizo uso excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones.
Según un editorial ciudadano publicado en el portal de noticias en línea Las 2 Orillas, en el mes de agosto en Turbo, Antioquia, durante una huelga de los trabajadores bananeros, un manifestante murió y otros dos resultaron heridos cuando un policía local que apoyaba las acciones de la policía antidisturbios presuntamente abrió fuego cuando las víctimas se retiraban de la protesta. No hubo información disponible sobre el estado de las investigaciones del incidente.
Siguieron las investigaciones de la Procuraduría General de la muerte en 2013 de Juan Camilo Acosta, estudiante de 19 años de edad, quien supuestamente fue asesinado por miembros del ESMAD con un rifle de gas lacrimógeno.
Aunque el Gobierno no prohíbe la afiliación en la mayoría de las organizaciones políticas, la afiliación a organizaciones dedicadas a promover o realizar actos de violencia, como las FA
RC, el ELN y los grupos paramilitares, era ilegal.
Libertad de culto
Véase la información sobre la libertad religiosa.
Libertad de circulación, desplazados internos, protección de refugiados y apátridas
La ley prevé la libertad de circulación dentro del país, viajes al extranjero, emigración y repatria
ción. Aunque en general el gobierno respetó estos derechos, hubo excepciones. Las operaciones militares y el conflicto armado en determinadas zonas rurales limitaron la libertad de circulación.
El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias para brindar
protección y asistencia a los desplazados internos, los refugiados, los refugiados
que regresan, los solicitantes de asilo, los apátridas y otras personas de interés.
Circulación en el país
No hubo restricciones por parte del gobierno en cuanto a restricciones
de circulación dentro del país.
Las bandas delictivas organizadas y los guerrilleros de las FARC y el ELN siguieron estableciendo puestos de control ilegales en carreteras rurales.
Según País Libre, desde enero hasta el 30 de junio, había 62 puestos de control ilegales registrados. Los puestos de control afectaron en especial a los departamentos de Cauca, Norte de Santa nder, Arauca, Antioquia, Nariño y Putumayo.
Las organizaciones internacionales también reportaron que grupos armados ilegales aislaron a las comunidades rurales con barreras, toques de queda, autos bomba en los caminos de salida y AEI en las zonas donde persistía elcultivo y tráfico de narcóticos. Según la vigilancia por parte de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) en los nueve departamentos donde estaba presente, entre enero y agosto, casi 333.000 personas enfrentaron restricciones de movilidad que limitaron su acceso a bienes y servicios esenciales debido a incidentes armados, protestas y factores geográficos.
La OCAH también informó que de enero a septiembre, los enfrentamientos armados, la contaminación de armas (minas terrestres y otros restos explosivos del conflicto armado), y los controles de carretera causados por protestas y conflictos dificultaron a los organismos humanitarios nacionales e internacionales y al gobierno prestar asistencia humanitaria a unas 28.800 personas necesitadas.
Exilio
La ley prohíbe el exilio forzoso y el gobierno no lo empleó. Sin embargo, muchas personas se autoexiliaron a causa de amenazas de las bandas delictivas organizadas y los guerrilleros de las FARC y el ELN.
Desplazados internos
El conflicto armado, especialmente en zonas remotas, fue la causa principal del desplazamiento interno.
El gobierno, las organizaciones internacionales y la sociedad civil identificaron varios factores causantes del desplazamiento, como las amenazas y la violencia física, psicológica y sexual por parte de grupos armados ilegales contra la población civil, en particular las mujeres y las niñas; la competencia y el enfrentamiento armado entre grupos armados ilegales, y dentro de los mismos, por los recursos y el control territorial; los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad, los guerrilleros y las bandas delictivas organizadas; y el reclutamiento forzoso de menores o las amenazas de reclutamiento forzoso.
Protección de los refugiados
Sobre el derecho al asilo y otros aspectos de la protección de refugiados, véase aquí.