Actos Sexuales Abusivos en Colombia
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Concepto de Actos Sexuales Abusivos
Una definición sucinta de Actos Sexuales Abusivos puede ser la siguiente: Delito contra la libertad y el pudor sexuales, en los cuales el agente hace victima de trato deshonesto a una persona inexperta, inmadura o incapaz de resistirse.
Actos de violencia, discriminación y demás abusos motivados por la orientación sexual y la identidad de género en 2015
No hubo discriminación oficial por orientación sexual en el empleo, la vivienda, la apatridia ni el acceso a la educación y la asistencia médica. Algunas personas transgénero se quejaron de que era difícil para ellos cambiar la designación de género en los documentos nacionales de identidad y que las personas transgénero cuyas tarjetas de identidad los describían como hombre todavía estaban obligadas a presentar pruebas de que habían cumplido el servicio militar obligatorio u obtenido las dispensas necesarias de ese servicio.
A pesar de las medidas del gobierno para dar más derechos y protección a las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT), hubo denuncias de abuso social y discriminación.
La Procuraduría General anunció el 20 de agosto que la oficina estaba investigando al menos 30 presuntos homicidios de personas LGBT perpetrados desde el 1 de enero. La mitad de los homicidios ocurrieron en la ciudad de Medellín, y todos ellos estaban en las etapas preliminares de investigación.
Colombia Diversa, ONG centrada en abordar la violencia y la discriminación por orientación sexual, notificó al menos 15 homicidios hasta fines de agosto debido a prejuicios por orientación sexual o identidad de género. Colombia Diversa denunció también 14 casos de abuso policial contra personas debido a su orientación sexual o identidad de género, y la mayoría de las quejas provino de transexuales.
Según las ONG que tratan temas de LGBT, estos ataques fueron frecuentes, pero las víctimas no los denunciaban por temor a represalias. Las ONG también denunciaron varios casos de amenazas contra defensores de derechos humanos que trabajan en cuestiones relacionadas con personas LGBT, así como un alto nivel de impunidad por los delitos contra los miembros de la comunidad LGBT. Estas organizaciones atribuyeron los niveles de impunidad en parte al hecho de que la Procuraduría General no distinguía ni seguía con eficacia los delitos contra la comunidad LGBT.
Los miembros de la comunidad de personas transgénero citaron obstáculos a los servicios públicos cuando los profesionales de la salud o policías se negaban a aceptar la identificación expedida por el gobierno con los nombres y las fotos de laspersonas transgénero.
Las ONG afirmaron que la discriminación y la violencia contra las personas en las cárceles debido a su orientación sexual o identidad de género seguían siendo un problema. Además, hubo casos en que las autoridades denegaron servicio s médicos a los transexuales.
El Ministerio del Interior, la Oficina del Defensor Público y la Procuraduría General se reunieron con grupos académicos y de investigación para identificar los problemas y las propuestas para crear un marco de política pública nacional sobre los derechos de las personas LGBT y celebraron audiencias a nivel nacional sobre el tema. Las sesiones fueron en respuesta a un fallo de la Corte Constitucional en 2011 que dictaba que las dependencias colaborasen para crear tal marco. Durante el año, la unidad LGBT del Ministerio del Interior, en coordinación con varios otros ministerios, se comprometió a establecer un marco nacional sobre los problemas de personas LGBT para fines de año.
Además, la Dirección Nacional para la Política Pública de la Procuraduría General formó un grupo de trabajo sobre cuestiones de género y le asignó la tarea de producir un informe sobre el acceso a la justicia en relación con la orientación sexual y la identidad de género.
El manual de procedimientos administrativos para bancos de sangre publicado por
el Ministerio de Salud afirma que para proteger contra el VIH-SIDA al receptor de
una transfusión, excluye a aquellos que han tenido “relaciones sexuales con hombres homosexuales en los últimos 15 años”. En 2012, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud que borrara los criterios de selección basados en la orientación sexual de los donantes, pero según se informa, al mes de septiembre la disposición no había cambiado. Durante el año 2015, el Ministerio de Salud puso en marcha un grupo de trabajo conjunto para estudiar el asunto más a fondo.
El grupo de trabajo de la Dirección de Asuntos Indígenas y Minorías del Ministerio del Interior para los casos de LGBT urgentes, con la participación de la Procuraduría General y del Ministerio de Defensa, siguió celebrando reuniones interinstitucionales para informar a la sociedad civil acerca de los grupos vulnerables, articular planes de acción para abordar las vulnerabilidades, seguir la progresión de los casos por medio de diversas entidades estatales y emplear protocolos sobre cómo asistir a las víctimas.
El ministerio continuó su campaña de información pública sobre los derechos de las personas LGBT por las redes de televisión y radio nacional y regional. En julio de 2015, el ministerio contrató al Grupo de Consultoría ATENEA para que formulara un decreto administrativo que establezca una política pública nacional en cuestiones LGBT y un plan de acción para la comunidad LGBT.
La Alcaldía de Bogotá instituyó un consejo consultivo en cuestiones LGBT formado por ocho representantes de la comunidad LGBT. Durante el año, dicho consejo formuló un plan para promover la inclusión de los trabajadores LGBT en el lugar de trabajo.